A fines de Mayo de 1973, el entonces Gobernador de la Provincia de Córdoba Ricardo Obregón Cano fijó precios máximos para la venta de carne vacuna de los abastecedores mayoristas a los carniceros. Esto trajo como consecuencia que los frigoríficos de la provincia de Córdoba – en su mayoría agrupados en la Cooperativa Obrera de la Industria de la Carne- se vieran obligados a pagar menos por el precio de la hacienda vacuna en pie.
Al obtener un menor precio –entre un 30 y 40 % menos- los productores ganaderos –que en su mayoría engordaban hacienda en los Departamentos Roca, Roque Sáenz Peña, Unión, Juárez Celman y Río Cuarto ubicados en el sur de la Provincia- comercializaban la hacienda a matarifes de otras provincias o mandaban directamente sus animales gordos a Liniers. En los remates-ferias que se hacían en Córdoba en esa época, gran parte de la hacienda –con excepción de los animales mal terminados- eran adquiridos por faenadores de otras Provincias ante la imposibilidad de los locales de obtener la mercadería.
Ante los primeros indicios de desabastecimiento de este producto en la Ciudad de Córdoba –en los pueblos del interior aún existía la faena por cuenta propia del carnicero lo que atenuaba esta faltante- la acción del Gobierno Provincial fue desplegar en toda la Provincia controles camineros a cargo del cuerpo de inspectores de la Dirección de Comercio e Industria que según el decreto 2871/73 los facultaba a hacerlo.
A mediados de 1974 el Senado Nacional y la Cámara de Diputados sancionan la Ley Nº 20.680, conocida como “Ley de abastecimiento”, donde en su artículo 2º establece los precios máximos y/o margen de utilidad, en el artículo 12º prevé que los funcionarios podrán allanar comercio y empresas y en el 14º que la mercadería perecederas se puede expropiar sin depósito previo ni juicio.
Esto incentivó la persecución hacia los ganaderos del sur de la Provincia de Córdoba por parte de funcionarios provinciales, no solo con los controles camineros, sino que los inspectores entraban al campo con escopetas en mano para cargar sus animales –algunos tamberos me comentaron que le llevaron vacas en producción y cabañeros manifestaron que le sacaron hacienda de raza- y en los remates-ferias obligaban a los martilleros a entregarles vacunos terminados que luego nunca cobraron. Este avasallamiento a la “propiedad privada” no logró ningún beneficio a la población ya que se acentúo el desabastecimiento de carne en los años 1974 y 1975, con un aumento considerable de precios en el mostrador.
Esta Ley de 1974 fue suspendida en 1991 y dos años después la Legislatura ratificó su suspensión. A pesar de eso, el 5 Julio de 2013 el ex secretario de Comercio Interior firmó la resolución 67, activando la Ley Nº 20680 como amenaza a los exportadores y productores de trigo. La agencia estatal Télam dos días antes de que saliera en el Boletín Oficial esta resolución, escribió un cable citando fuentes de la Secretaría de Comercio Interior. «Si el mercado no se normaliza, se implementará la ley de abastecimiento y se procederá a decomisar el trigo en existencia para volcarlo en el mercado, a los molinos que lo soliciten”.
Esta acción no solo no dio resultado –el precio del trigo se fue a 4.000 $/tn, hoy está a 1.500 $/tn- sino que dejó en descubierto mala política del Gobierno –pasamos a producir 16 millones de toneladas en el 2006 a tan solo 9 millones de toneladas en el 2012- al desalentar la siembra de este cereal.
Esta gran carga ideológica –falta de respeto a la propiedad privada y libertad comercial- los impulsan hoy a presentar otro Proyecto de Ley de abastecimiento, incentivando una nueva encrucijada anticonstitucional.
Es una lástima que nuevamente estemos ante una nueva iniciativa de dividir a la sociedad, como dice el relato del Gobierno: “es culpa de los productores que acaparan, de los industriales que no invierten o de los comercios que forman los precios”. Cuando en realidad es la “falta de políticas públicas claras” que hace que nuestro país no aproveche todo el potencial que tiene. ¿No sería mejor aumentar la producción –el doble de trigo, tener más cabezas de ganado para faenar, más producción de leche- para que no solo no falten alimentos sino que tengan un menor valor?
Como hace 40 años, se insiste con una herramienta que no solo es “anticonstitucional”, sino de bajo resultados y que desalienta la inversión. Como dice la vieja frase: “el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”.
(*) Para La Voz del Interior